El exministro de Planificación Federal Julio De Vido y el empresario Lázaro Báez adhirieron hoy al pedido de la vicepresidenta Cristina Kirchner para remover al fiscal de juicio Diego Luciani y a uno de los jueces del Tribunal que la juzgan por fraude en la obra pública durante su gobierno.

Se trata del pedido de Cristina Kirchner para remover al fiscal Diego Luciani y al presidente del Tribunal Oral Federal 2 Rodrigo Giménez Uriburu: el motivo, es porque ambos jugaron en al Quinta Los Abrojos de Mauricio Macri un partido de fútbol.

Además, se sacaron fotos junto al intendente de Cambiemos de San Miguel y alguien muy vinculado al actual jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta.

Al reanudarse la audiencia, el secretario del Tribunal informó que las defensas de De Vido y Báez, así como Nelson Periotti de Vialidad Nacional se sumaron al pedido de la vicepresidenta.

Además, se prevé que la defensa del exsecretario de Obras Públicas José López también presente una recusación.

Tras la presentación de todos los planteos se espera que el fiscal Luciani, tal cual lo pidió, conteste a los planteos uno por uno.

El jefe de asesores del gobierno de la provincia, Carlos Bianco, respaldó la recusación presentada por la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, en el marco de la causa por la Obra Pública, contra el fiscal Diego Luciani y el juez Rodrigo Giménez Uriburu.

«Para los que respetamos el sistema representativo es algo casi inverosímil lo que se ve, todo a cielo abierto y sin que nadie se despeine. Fiscales amigos de jueces que juegan al fútbol en la quinta del expresidente, el principal opositor de aquella persona que ese fiscal está acusado y sobre quien ese juez debe dictar sentencia», denunció Bianco en diálogo con la990.

En la misma línea expresó que el juicio tomó carácter de «show televisivo», y reveló que no cuenta con «ningún tipo de pruebas, y acusaciones basadas en un supuesto sentido común».

«Lo que se ha hecho es lo que corresponde, recusar tanto a fiscal como a juez, debido a esta situación de tanta cercanía entre ellos y de tanta cercanía política con determinados sectores», ponderó.

Asimismo, el titular de asesores del Gobierno de Axel Kicillof argumentó que los que deben decidir sobre la presentación elevada por la defensa de la exmandataria son «los mismos jueces que han visitado la Casa de Gobierno y la quinta de Macri cuando era presidente».

«Así es difícil confiar en esta justicia», expresó al tiempo que detalló que las encuestas sostiene que «el 80% de la población descree totalmente del poder judicial».

«Cuando la gente ve que a la vicepresidenta de la Nación no se le pueden asegurar las garantías mínimas que tiene que llevar el debido proceso judicial, deberán pensar ‘qué me queda a mí'», apuntó el funcionario.

Bianco denunció que bajo la gestión del expresidente Macri se iniciaron maniobras de persecución judicial a referentes políticos, judiciales y de organizaciones sociales, e indicó que se mantienen hasta la actualidad. También definió de «desesperanzadora» la situación que se vive y cuestionó la autonomía del poder judicial. 

A su parte, disparó contra referentes de Juntos por el Cambio a quienes acusó de «quedarse calladitos» ante la situación expuesta. «Me sorprende de ciertos referentes de la oposición que siempre se han llenado la boca respecto a la república, las instituciones, que ahora se queden calladitos y ni aparezcan. Eso me preocupa», manifestó.

Por último, habló de lawfare y declaró que la persecución judicial mantiene ligazón con «la cuestión mediática» dado que implica «una exposición» que apunta a «instalar un sentido común en la población» para juzgar previo a las condenas firmes.

«Me parece que eso le quita calidad institucional, por eso vuelvo con esta idea de los tres poderes, el menos creíble es el poder judicial y debería tomar nota los principales referentes. Hay una complicidad muy fuerte entre el poder mediático y estas operaciones del poder judicial. Una sin la otra no tienen efecto, por eso van siempre de la mano», concluyó.

El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) de Uruguay cortará las asignaciones familiares correspondientes a 11.500 niños y adolescentes que no están concurriendo a clases, informó El País. Se trata de la segunda vez que se toma una medida de este tipo durante el gobierno de Luis Lacalle Pou, luego de que en octubre de 2021 se quitaran 9 mil asignaciones. Los cortes se hacían desde el gobierno de Pepe Mujica, pero durante la emergencia sanitaria dejaron de hacerse.

En Uruguay hay 203 mil hogares en situación de vulnerabilidad socioeconómica que reciben planes sociales y que están compuestas por 370 mil menores de edad, pero el requisito es garantizar la escolarización. Por eso, ahora se tomó esta decisión, para evitar la deserción escolar.

Ya en 2013, el gobierno de Mujica implementó el corte de asignaciones a todas las familias que no enviaran a sus hijos a estudiar, amparándose en el artículo 6 de la Ley Nº 18.227 que estipula la “inscripción y concurrencia del beneficiario a institutos de enseñanza” —además de tener una debida atención médica— como un requisito para el otorgamiento y mantenimiento de la prestación.

Los otros requisitos son que se presente ante el Banco de Previsión Social (BPS) la documentación correspondiente a los ingresos y composición del hogar del beneficiario, a los elementos que caracterizan el hogar como en situación de vulnerabilidad socioeconómica, y, en caso de tratarse de una persona con discapacidades, que esa discapacidad impida la realización de cualquier tipo de tarea remunerada.

En 2013, se dieron de baja 32.000 asignaciones; en 2014 fueron 51.000 y en 2015, cuando finalizó el mandato de Mujica y asumió el nuevo gobierno frenteamplista con Tabaré Vázquez a la cabeza, los cortes dejaron de hacerse luego de que la entonces ministra de Desarrollo Social, Mariana Arismendi, diera la orden.

El primer corte luego del decreto retiró las asignaciones dirigidas a 16.000 jóvenes. Sin embargo, el segundo corte previsto para ese año no pudo ser realizado por errores en la gestión. Los siguientes años continuaron de manera similar: 29.000 bajas en los dos cortes de 2017, 12.607 en el único corte realizado en 2018 y 9.732 en el primero de 2019. Sobre el segundo no hay información disponible.

Durante la parte más crítica de la emergencia sanitaria se dejó sin efecto la medida decretada en 2015 por el fallecido ex presidente Vázquez. Así fue hasta mediados de 2021, pero ya el segundo corte de ese año se realizó con normalidad, quitando 9.000 asignaciones. Este mes se cortarán 11.500 asignaciones, según informó el director nacional de Transferencias y Análisis de Datos del Mides, Antonio Manzi, a El País.

En Uruguay hay 203.000 casas en situación de vulnerabilidad socioeconómica que reciben Asignaciones Familiares del Plan de Equidad y que están compuestas por 370.000 menores de edad. En este plan existe el requisito de asistir a clases para poder recibir la prestación.

Sin embargo, también hay unos 87.000 hogares conformados por 200.000 menores que por estar en situación de vulnerabilidad económica extrema reciben la Tarjeta Uruguay Social (TUS). En este plan no está la condición de que vayan a estudiar