Luego quedar pintada en el famoso Barquito de Papel de Rosario en Puerto Norte, la frase «Plomo y humo, el negocio de matar» apareció impresa en la fachada de la Municipalidad, la Catedral, la Gobernación, Tribunales y otros espacios públicos como la escultura del nombre de la ciudad en el Parque España. Una suerte de campaña grafitera que por la noche envía el mensaje con aerosol en distintos puntos burocráticos y turísticos de la ciudad.

La frase hace alusión a la constante violencia narcocriminal y también al humo producto de la quema de pastizales que impacta de lleno en la ciudad y no hace falta describir su perjuicio. De hecho la movida surgió luego de que el domingo la ciudad quedara bajo humo como nunca.

Un brutal episodio de violencia infantil ocurrió en la la localidad correntina de Santo Tomé, donde una madre golpeó sin piedad a su hijita en la calle porque se negaba a caminar, todo a la vista de testigos en la zona.

La secuencia, además, quedó registrada por una cámara de seguridad. El hecho ocurrió el sábado a la tarde sobre la calle Escalada casi esquina Independencia. Allí puede observarse a la mujer que camina por la vereda y lleva a la nena en su mano derecha.

Tras recorrer varios metros, ambas bajan un escalón y la nena pierde un poco la estabilidad. Si bien ambas siguen caminando, en un momento la menor se tropieza, se cae al piso y al advertir que no se quería levantar para continuar con la marcha; la mujer se enoja y empieza a darle patadas y golpes de puño, dos patadas en la cabeza y una trompada en la cara.

Tras ser agredida, la menor quedó tendida en el suelo boca abajo. Rápidamente, su madre la levantó a la fuerza y la llevó a rastras hacia la vereda de enfrente. Mientras tanto, un vecino filmó la secuencia completa.

Tras la viralización de las imágenes, la Policía de Corrientes intervino de oficio. Efectivos de la Sección de la Mujer y el Menor, que depende de la Unidad Regional V de Policía de Santo Tomé, se acercaron a las calles indicadas en la filmación pero no encontraron testigos ya que los locales estaban cerrados.

La mujer declaró ante la Policía que no había golpeado a la pequeña (captura)

Según informó el diario El Litoral, la policía pudo dar con a mujer siguiendo los comentarios hechos por los vecinos en las redes sociales de los distintos medios de comunicación locales que reprodujeron la noticia.

Luego de las averiguaciones, dieron con la mujer: fue identificada con las iniciales FCM, de 22 años. Tras ser encontrada, fue trasladada a la Comisaría de la Mujer.

Los efectivos indicaron que la joven aseguraba que lo sucedido no había pasado, que no había golpeado a la menor. Además, no quería decir dónde estaba su hija en ese momento.

Luego, una familiar de la joven le comentó a los policías que “siempre agrede física y verbalmente a sus hijos” y que “no es la primera vez que sucede esto”.

Tras el examen de una médica policial, se solicitó la internación de la niña, que fue trasladada al Hospital Juan Bautista y quedó al resguardo de su abuela materna.

La violencia quedó constatada en el video que se hizo viral (captura)

Fuentes judiciales consultadas por Infobae aseguraron que la menor, además de presentar lesiones leves en su rostro y el cuerpo, también mostraba signos de abandono por lo que se tomó la decisión de apartarla del cuidado de su mamá.

“La mujer tiene una disminución notoria de sus facultades mentales y se comprobó que vive con sus hijos en una situación de extreme vulnerabilidad y marginalidad. Es como si estuviera primatizada, necesita ayuda y contención. Ahora, le van a practicar exámenes psicológicos y pisquiátricos”, precisaron desde Unidad Fiscal de Santo Tomé, a cargo de Facundo Cabral.

Otra situación que llama la atención en este caso es la aparición de un hombre ante la fiscalía, que se presentó como el padre biológico de la menor. “Si bien nunca la reconoció legalmente, desde el área de Minoridad y Familia le aconsejaron cómo tiene que proceder para hacer el trámite de filiación y luego pedir su tenencia”, remarcaron.

Y añadieron que la mujer, que ya se encuentra en su casa, está embarazada de mellizos. “Estamos frente a un episodio de violencia familiar muy complicado que mezcla la marginalidad con cuestiones psiquiátricas”, advirtieron.

En el caso también interviene un fiscal de Instrucción y la Asesoría de Menores e Incapaces. “No es solamente lo que pueda hacer la Justicia, también importa lo que puede hacer la sociedad. En esto estamos todos involucrados”, sostuvo María Dionisia Zovak, encargada del Juzgado de Minoridad y Familia de Santo Tomé, que toma parte en el caso, en diálogo con Radio Ciudad.

“La causa se volvió mediática, pero lo cierto es que cualquier persona de la comunidad puede realizar la denuncia de manera anónima o dando el nombre. Eso está contemplado en el Código de Familia, Niñez y Adolescencia. Con una denuncia o con una investigación de oficio comienzan las medidas de protección para la niña”, relató Zovak.

Entre las primeras medidas, la magistrada comentó que se analiza cuál es el estado de salud de la menor. “La idea es constatar el maltrato y buscar a familiares o referentes afectivos más cercanos para que se hagan cargo. La niña está en vulnerabilidad, pero es su realidad y por ende el cambio no puede ser brusco”, explicó la jueza, que descartó que la víctima vaya a un hogar. Y concluyó: “Se busca otorgar contención a la víctima y también al victimario”.

Esta semana, el juez Martín Yadarola, a cargo del Juzgado N°4, procesó a 8 personas de nacionalidad colombiana y argentina por el delito de asociación ilícita y hurto agravado, bajo embargos de diez millones de pesos cada uno.

Mayra Alejandra Torres, Anggie Viviana Merchan Núñez, Luis Guillermo Laurens Contreras, Leonardo Restrepo Celis, Sebastián Eduardo Fernández, Sergio Eduardo Spies y Lucas Manuel Spies están presos bajo prisión preventiva acusados de robar bajo el sistema criminal de moda en los últimos años en Capital Federal: emplear inhibidores para abrir autos, extraer únicamente las llaves de los departamentos de las víctimas y luego de un breve trabajo de inteligencia, asaltar las viviendas cuando estaban desocupadas.

Peor aún: Diego Gabriel Casciana, otro de los integrantes de la banda, procesado por los delitos de encubrimiento, incumplimiento de los deberes de funcionario público y violación de secretos, era un efectivo de la Policía Federal, escribiente de la división Asuntos Internos.

La banda cayó luego de una serie de allanamientos a cargo de la Policía de la Ciudad, ocurridos entre la ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense. Las cámaras de seguridad que siguieron a sus autos fueron una de las claves para capturarlos. En los operativos, los investigadores secuestraron dinero en efectivo y parte de los elementos que los delincuentes utilizaban para dar los golpes como barretas y herramientas varias. También, les encontraron material que reconocieron luego sus víctimas, como una computadora MacBook Air que no pudieron revender a tiempo, ya que no tenía el cargador.Varios de los imputados en una foto de inteligencia policial.

No eran sigilosos, para nada. Atacaban a plena luz del día, subían por la escalera o ascensor y derribaban las cerraduras a golpe de maza y cincel. Luego, revolvían todo a su paso, llegando incluso a remover cielorrasos en baños. No llevaban nada que no pudieran cargar. Dejaban atrás guitarras importadas y costosas bicicletas. Todo debía entrar en sus mochilas: computadoras portátiles, consolas, joyas, anteojos, efectivo, perfumes a medias. Viejos smartphones, chatarra digital, todo lo que se parezca a electrónico y sea chico entraba en su lista.

Primero, se aseguraban que no hubiera nadie en el departamento que desvalijaban. Ni siquiera tenían que espiar. Lo hacían tocando el timbre. Un testigo refirió que en la tarde de uno de los ataques escuchó, casi en simultáneo con los robos, alguien que tocaba su timbre con insistencia y preguntó: “¿Tiene ropa para donar?”

La investigación comenzó luego de un robo ocurrido el 27 de junio en 2021, cuando tres hombres y una mujer ingresaron a un departamento ubicado en la calle Thorne al 1300, en el barrio de Parque Chacabuco, de donde se llevaron joyas, dinero en efectivo y varios objetos de valor.

Tras la denuncia, el juez Yadarola dio intervención a la policía porteña y a la Federal para que dieran con los sospechosos. Una vez que comenzaron a seguir a la banda mediante escuchas, cámaras de seguridad y datos callejeros, se produjeron las primeras detenciones.

Así seguían a sus víctimas

Así, en septiembre pasado, capturaron a una primera ola de detenidos. Los investigadores, de igual modo, avanzaron, ya que contaban con mucha información sobre los movimientos de la organización.

En las escuchas que aparecen en el expediente, se ve que el grupo de delincuentes no era para nada improvisado. Los golpes se registraron entre el 8 de octubre de 2020 y el 14 de septiembre de 2021. La organización criminal funcionaba de manera aceitada: marcaban una víctima y la seguían. Podían, incluso, seguirla desde su propio domicilio. Esperaban que estacionara el auto. Se acercaban al vehículo con los inhibidores de señal y luego robaban del interior del auto las llaves de su casa para luego ingresar al domicilio. El conductor incauto creía, tal vez, que se le acababa la batería de la alarma, o que su auto cerraba normalmente.

Era una cuestión de suerte. Una de sus víctimas, que por un descuido se olvidó de sus llaves en su bolso dentro del auto, fue la clave para una sesión de saqueos a golpe de maza.

Parte del material de la banda secuestrado por la Policía de la Ciudad.

El 3 de septiembre de 2021, los delincuentes observaron a una de sus víctimas salir de su domicilio en el barrio porteño de Núñez, a bordo de un Renault Kwid.

Fue seguido durante todo el trayecto por dos vehículos: un Ford Fiesta y un Peugeot 308. Al llegar a Niceto Vega al 4900, cerca del mediodía, estacionó y descendió del auto por unos instantes. En ese momento, con un inhibidor de señal, los delincuentes bloquearon el cierre centralizado de puertas de su auto. Luego, uno de los delincuentes bajó del Fiesta y miró hacia donde iba la víctima, al mismo tiempo en que otro de los imputados descendió del 308. Este último se acercó al rodado de la víctima, lo abrió y sustrajo un bolso que contenía, entre otras cosas, las llaves del edificio donde residía.

Al otro día, cerca de las 14, miembros fueron hasta el edificio de la calle Amenábar. El vecino lo relató en el chat del consorcio, sin generar mayores reacciones de administración y vecinos. 24 horas después, los ladrones estaban allí. El departamento del vecino que perdió sus llaves no fue saqueado.

Allí comenzaron a tocar distintos porteros, para saber en cuáles había gente, pidiendo ropa para donar, un pedido frecuente en la zona y en el edificio. Así ingresaron y desvalijaron uno de los departamentos del interior del lugar, vacío durante esa tarde. Se llevaron consolas de videojuegos, anteojos Ray Ban, viejos relojes, perfumes a medias, dos notebooks. No había efectivo, apenas unos pesos en la mesada. La puerta quedó destruida a golpes. Vulneraron también otro departamento, un consultorio psicológico sin materiales de valor, solo papeles que quedaron en el suelo. Así, huyeron.

Uno de los inhibidores de señal

Con el tiempo, cayó el resto de la banda. El auto que le robó al Kwid fue la clave. Mayra Alejandra Torres, Anggie Viviana Merchan Núñez, Luis Guillermo Laurens Contreras, Leonardo Restrepo Celis, Sebastián Eduardo Fernández, Sergio Eduardo Spies y Lucas Manuel Spies.

El rol del policía es particularmente oscuro. “Respecto de Casciana, su aporte específico a la empresa criminal estuvo dado a partir de su condición de Suboficial Escribiente e integrante de la nómina de la División Operaciones Judiciales del Departamento Investigaciones Judiciales, dependiente de la Superintendencia de Asuntos Internos de la Policía Federal Argentina, lo que le posibilitaba acceder a sensible información no obrante en bases de datos públicas, sobre el estado registral de diferentes automóviles a disposición de la banda, en lo que se refiere a restricciones, junto a otros detalles que por su rol podía conocer y que transmitía irregularmente a otros miembros del grupo investigado”, aseguró Yadarola en el procesamiento.

Asimismo, “la prueba posibilitó determinar su conocimiento en cuanto a la comisión de posibles hechos delictivos y, en incumplimiento de sus deberes como funcionario público, no los habría puesto en evidencia mediante la pertinente denuncia. Y del mismo modo, con su accionar habría favorecido a los integrantes de la asociación ilícita investigada, con el objeto de posibilitar que eludieran eventualmente las investigaciones, al conocer que aquellos habrían formado parte e intervenido en episodios delictivos”. Acusado de encubrimiento, no recibió prisión preventiva.